Por GUILLERMO NAHUM

De cuna neoliberal y concebida por el menemismo más ortodoxo, nuestra ley federal de pesca determinó en su espíritu y letra la forma por la cual el Estado argentino repartiría sus recursos pesqueros: en propiedad y por quince años, entre los empresarios del sector y bajo cinco consignas básicas a cuantificar.

Esos parámetros fueron: permiso de pesca legal, capturas históricas, mano de obra efectivamente ocupada, ausencia de infracciones e inversiones realizadas, todos entre los años 1989 y 1996.

De la valoración de cada uno de esos puntos, además del efectivo reparto, quedaría en evidencia la filosofía bajo la cual el gobierno de turno elegiría premiar y/o castigar a cada armador. Y así fue, la cuotificación de varios recursos pesqueros se hizo a imagen y semejanza de los tiempos que corren: tras una ardua negociación política, retorciendo y forzando los parámetros de la ley, acordando pactos posibles pero que poco respetaron al espíritu de dicha norma y olvidando revisar aquellos puntos ríspidos que hacen a la legalidad de los permisos de pesca otorgados en los años noventa. Lo que se firmó y dio origen al reparto original, fue producto de acuerdos, aprietes y negociaciones, donde se contempló fuertemente aquello de “el que no llora no mama” para finalmente aplicar un sistema de administración por cuotas individuales y transferibles de captura que, sin embargo, poco respeta los antecedentes objetivos plasmados en el artículo 27º de la ley 24922.

Pero ya es tarde para lágrimas, lo hecho hecho está y sea como fuere los empresarios pesqueros consiguieron su viejo anhelo de previsibilidad y seguridad jurídica por el que tanta verba ejercitaron durante más de diez años. Desde hace poco más de un año, nuestro país los recompensó con la potestad sobre un recurso público que capitaliza sus empresas y por ende sus patrimonios, del cual pueden disponer prácticamente a su antojo: pescándolo, cediéndolo en alquiler, cotizándolo en bolsa o vendiéndolo a otro empresario por jugosos dividendos cual si fuera un activo propio, que de hecho lo es. Así por ejemplo un barco pesquero puede valer varios millones de dólares o ser una chatarra oxidada dependiendo de la cuota de captura que ostente. Y eso será así de aquí en más, al menos, por los próximos catorce años.

Esas son las reglas de juego, las que votaron mis Honorables Cámaras de Diputados y Senadores, las que emplean mis autoridades de aplicación y las que, me gusten o no, decido aceptar por designio de la civilidad. El Estado argentino cumplió con su parte, sacó una foto de situación, la “photoshopeó” a su antojo, finalmente la imprimió y en sus resoluciones se puede ver cómo salió cada empresa. Lo que sin embargo no se puede aceptar es que esa postal sea inamovible con el paso de los años y que hoy, solo un año después, documente solamente los privilegios y beneficios empresarios y nada revele acerca de las obligaciones y responsabilidades que semejante concesión deberían implicar. Para ser más preciso: muchos empresarios que se beneficiaron con recursos públicos por quince años, a los cuales accedieron en gran parte por la mano de obra que ocuparon en el tiempo que la ley contempla, se han ido desprendiendo de sus trabajadores sin que ello implique reducción de sus cuotas de captura. Algunos casos aparecen como naturales y a consecuencia lógica del propio sistema, otros deberían llamar la atención de las autoridades y disparar algún mecanismo que los regule.

Los ejemplos son varios y algunos paradigmáticos: la empresa Barillari pronta a desaparecer y poseedora de una importante cuota de merluza común, por haber sido una destacada empleadora del sector, hoy se ha desprendido gravosamente de gran parte de sus activos para cubrir sus malos manejos, dejando paralelamente a miles de trabajadores en la calle. Otro ejemplo: el Grupo Valastro, uno de los conglomerados empresarios más importantes del país pesquero, que se apropió de una considerable porción de los recursos cuotificados a pesar de tener varios barcos con permisos de pesca ilegales, hoy emplea la irrisoria nómina de cincuenta y cinco fileteros. La patagónica Harengus, que hasta hizo valer a los empleados de su conservera para obtener cuota de captura y luego se declaró en quiebra, no sin antes vender sus barcos, muy bien cotizados, gracias a la importante cuota de merluza que el Estado le supo conceder. O también el enigmático empresario y varias veces funcionario Saverio Romano, que no tiene prácticamente empleados o los tiene en negro y que sin embargo goza de la propiedad de miles de toneladas de merluza que pesca con sus barcos fresqueros y su congelador factoría; miles de toneladas de merluza que podrían ser capturadas y procesadas por otro empresario con mayor responsabilidad social, impositiva y previsional. En fin…

El sistema es el que está y creo se debe aceptar que esas son las reglas de juego. Sin embargo no puede éste ser rígido como una foto para garantizar la inalterabilidad de los beneficios empresarios en aras de la previsibilidad y seguridad jurídicas tan caras a los sentimientos de nuestros armadores. Creo humildemente que en los tiempos que corren y a la luz del comportamiento evidenciado, nuestros legisladores y autoridades de aplicación deberían ponerse ya a trabajar en pautas de flexibilidad que moldeen el sistema en armonía con el devenir de la actividad. El Estado argentino no debe perder de vista que sus recursos naturales como la pesca, aún en manos de privadas, tienen por destino generar riqueza para toda la comunidad sin abandonar los principios de la rentabilidad ni mucho menos la tan declamada distribución de la riqueza.

La foto sacada para el reparto original debe ser únicamente un punto de partida y no una imagen gélida e inmóvil a tantos años vista. Debe ser solo la primera escena de una película cuyo guión se parezca lo más posible al elogiable discurso del gobierno actual.