Mar del Plata,
Página web de la Revista Puerto,
publicación independiente dedicada
al sector pesquero.
01/07/2010
Rebelión en la granja
La contribución de la industria pesquera marplatense para alimentar un fondo financiero que permita poner en valor las calles y el alumbrado público en la zona fabril del Barrio Puerto sigue en el campo del verbo condicional.
Por ROBERTO GARRONE | Fotos de DIEGO IZQUIERDO
Cuando el Departamento Ejecutivo municipal había logrado destrabar el conflicto administrativo al condonar la deuda generada por la Tasa de Inspección Veterinaria para crear el fondo donde irían a parar las “contribuciones por mejoras” –unos 8,5 millones de pesos–, para hacer las obras, y se estaba terminando de redactar la Ordenanza que todo lo legalizaría, apareció un nuevo y lógico obstáculo.
Un grupo de pequeñas empresas pesqueras o ligadas con la industria, como pescaderías, mostraron su descontento por lo que entienden un manejo poco transparente de la nómina final de empresas contribuyentes que deben alimentar el fondo.
Y el descontento primero comenzó de manera individual. A una pescadería que vende pescado al público le llegó el talón de pago por 40 mil pesos. Al titular del negocio se le crisparon los nervios cuando se enteró que una empresa con 40 empleados tiene que pagar 50 mil para alimentar el fondo de obras.
Los damnificados se reunieron el jueves pasado en la sede de la CAFREXPORT, con la presencia de algunos concejales de la oposición. No eran pocos y la indignación cobró temperatura. Pensaron en pedir la Banca 25 en el Concejo Deliberante y hasta movilizarse hasta la Municipalidad.
El enojo terminó de hacerse público ayer, cuando los “damnificados” emitieron una solicitada, bajo el título “Falta de transparencia. Nos obligan a pagar lo que no corresponde”.
En la solicitada publicada en el Diario La Capital, las empresas rechazaron su incorporación a la ordenanza preparatoria que le dará forma al acuerdo que el año pasado habían suscripto la Municipalidad y las cámaras empresarias pesqueras.
El sector no está representado por ninguna cámara en particular y le cuestionan al intendente Gustavo Pulti la falta de información oficial sobre el proyecto que pretende repavimentar más de 80 cuadras en el nudo productivo del barrio, con el dinero que aporten las empresas ubicadas en Azopardo, Juan B. Justo, la Costa y Galicia, y entre Independencia, Juan B. Justo, Mario Bravo y la Costa.
“Nos enteramos de la aprobación de la Ordenanza por vías informales, ya que nunca fuimos consultados sobre el alcance del proyecto y el sistema de prorrateo planteado, quedando incorporados sin consulta alguna como sujetos obligados al pago en un supuesto sistema voluntario para el arreglo de calles”, dice un párrafo de la solicitada.
“Nos asombra nuestra presencia en ese listado, pero más aún la de empresas que ya no existen, otras que por su actividad deberían estar y no aparecen, otras que no son deudoras de la Tasa de Inspección Veterinaria y otras tantas que no son sujetos de pago de la tasa, lo cual demuestra falta de transparencia y conocimiento en el proceso previo de elaboración del proyecto como su posterior aplicación”, cuestionan los empresarios rebeldes.
El acuerdo que hizo Pulti con la pesca fue posible gracias a las gestiones de Mariano Retrivi, el delegado en el Puerto, con sus colegas empresarios. Para zafar de la (improcedente) Tasa de Inspección, acordaron que las empresas sólo pagarían el 5 por ciento de los desembarques totales en el puerto, entendiendo que esa cantidad es la que se consume en la ciudad.
Ese 5 por ciento representaba un 30 por ciento del presupuesto total del fondo para hacer las obras públicas y las empresas deudoras se comprometieron a pagarlo antes del 30 de julio, a riesgo de tener que pagar toda la deuda por la Tasa liquidada anteriormente.
El 70 por ciento restante de los fondos, lo aportarían el resto de las empresas, de acuerdo con un cálculo que no convence a las que firmaron la solicitada.
“Otras empresas mucho más importantes en cuanto a su escala y facturación, van a pagar en proporciones llamativamente menores, aún cuando son grandes deudores de la tasa de inspección veterinaria”, destacaron en la solicitada, al tiempo que denuncian que “las empresas más chicas terminaremos subsidiando el aporte que deberían hacer las empresas más grandes y de mayor deuda con el municipio”.
En febrero pasado, observando los manejos poco claros a la hora de abrochar el acuerdo, varias de estas empresas que firman la solicitada pidieron una audiencia con el Intendente Municipal para manifestar la necesidad de que haya un aporte equitativo. Nunca fueron atendidos hasta la fecha.
Por último, hicieron saber en la solicitada que “agotaremos las instancias, tanto en la etapa administrativa como judicial, para evitar la injusticia que implicaría la aprobación definitiva de esta ordenanza, y que desde ya en caso de que se avance en su aplicación exigiremos un registro de oposición accesible y transparente que nos garantice hacer valer nuestros derechos”.
El texto de la solicitada fue firmado por las siguientes empresas: Grimfish SRL, Silomar I, Silomar II, Leoz, Pesquera Don José, La Victoria, Pesquera Josefina, TYB Pesca SRL, La Bella SA, Tutimar SRL, Pez Morena SRL, Pesquera Las Malvinas, Olazar José Luis, Mar Azul, Rossi, El Cuartel SA, Patagonia Fish SRL, Mele Mario Luis, Alimenpez SA, 27 de Noviembre; y siguen las firmas.
La situación del INIDEP es lamentable. Desde que en agosto de 2009 Oscar Lascano abandonó la dirección, no se ha vuelto a cubrir el cargo. Debido a paros, conflictos gremiales o certificados de navegación vencidos, los buques de investigación apenas han navegado, desde 2007, durante cien días. Este año sólo se han realizado dos campañas, una de langostino y otra de merluza.
